Libertad, Mexicali, B.C., Mayo 20 del
2020.-Enrique Acosta Fregoso, ex
candidato a gobernador de Baja California por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), opina que los involucrados en el decreto de la llamada
“Ley Bonilla” deben ser castigados, administrativa, política y penalmente.
Después del voto de los
magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de
la ampliación de dos a cinco años a la actual gubernatura, “el gobierno de
Jaime Bonilla está moralmente derrotado”.
“Se le acabó su gobierno, lo
acabaron sus propias ambiciones y un grupo muy cercano que lo asesoraba, por
cierto, muy mal asesorado”, refirió el también ex legislador estatal.
Aseguró que el mandatario
bajacaliforniano quizá no ha revisado bien la sentencia, en la cual se señalan
claramente los artículos de la Constitución que la SCJN consideró que fueron
violados por los exdiputados bajacalifornianos.
Por sus pretensiones, y las de
quienes lo apoyaron, todos los involucrados deberían ser castigados; es lo
mismo que aseguró hace tiempo.
Acosta Fregoso, tras reiterar
que los exlegisladores y otros involucrados en la llamada “Ley Bonilla” deberán
ser sancionados por lo ocurrido, criticó las afirmaciones del Secretario
General de Gobierno estatal, Amador Rodríguez Lozano, respecto a que los
exdiputados no serán castigados porque los protege la denominada “Inmunidad
parlamentaria”, una protección legal que no se extiende una vez que éstos dejan
el cargo, como ha ocurrido.
Además, ya fue anulado el
fuero.
“Y los señores diputados, como
el gobernador y otros actores políticos, cometieron delitos y estos deben ser
castigados, no solamente con el tema del juicio político sino como actos
criminales”, afirmó.
Expuso que, por considerar que
lo ocurrido, además de representar un fraude a la Constitución, se perfila como
un fraude a la Ley Electoral porque se pretendió alargar un periodo de
gobierno, por lo que analizan la posibilidad de presentar una denuncia ante la
Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra
el gobernador de Baja California.
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