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Solicitarán a la Cámara de Diputados federal que ejerzan juicio político contra
diputados de la XXII y XXIII Legislatura de Baja California, ex regidores, ex
alcaldes, y todo servidor público que haya participado en la confabulación
José
Ángel Inzunza Mendoza
Tijuana,
20 de mayo de 2020.- Todos los que se confabularon en la aprobación
del decreto de la llamada “ley Bonilla”, deben ser sometidos a juicio político
y penal, advirtieron dirigentes del PRD a nivel nacional y estatal, en rueda de
prensa virtual de este día.
La solicitud de juicio
político se hará ante la Cámara de Diputados federal, y, la denuncia penal
correspondiente, ante la Fiscalía General de la República (PGR); solamente
están esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les emita
copia certificada de su determinación al respecto.
Abraham Correa Acevedo,
dirigente del PRD en Baja California; Jaime Martínez Veloz, Comisionado Nacional
del PRD para la Frontera Norte; Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante
del PRD ante el INE, a nivel nacional; y otros directivos más, expresaron
esperanzas de que el Congreso de la Unión y la FGR, sean congruentes con los
principios de la 4T.
“Ofrecieron honestidad,
combate a la corrupción y respeto al estado de derecho; y esta es una
oportunidad de que lo demuestren al pueblo de México, porque esto ya es un
asunto de carácter nacional”, comentó Camerino Márquez.
Jaime Martínez Veloz y
Abraham Correa recordaron que el pasado año 2019 presentaron denuncia penal y
solicitaron juicio político contra los diputados de la XXII Legislatura que
aprobaron la “ley Bonilla”, y no prosperaron, porque “supuestamente no había
elementos”; pero, ahora, con la unanimidad de la Suprema Corte, “las demandas
llevan suficiente peso para que se aprueben”.
El regidor perredista
de Mexicali, Fernando Rosales, señaló que, de acuerdo con las leyes que nos
rigen, se configuran los delitos de asociación delictuosa de servidores
públicos, soborno o cohecho, corrupción de rango constitucional y, seguramente
en varios de los actores políticos involucrados, enriquecimiento ilícito.
Por eso, confirmaron
los dirigentes perredistas, las demandas penales y de juicio político son
contra los diputados de la XXII y XXIII Legislatura de Baja California que
aprobaron la “ley Bonilla”, ex regidores, ex alcaldes, y todo servidor público
que haya participado en la confabulación de ese acto anticonstitucional.
El líder del PRD en el
estado, Abraham Correa, observó que, todos los elementos, argumentos y medios
de prueba que presentó Jaime Martínez Veloz y el PRD ante la Fiscalía General
de la República, fueron expuestos en la resolución de la Corte, incluidos para
echar por tierra la reelección disfrazada que intentó Jaime Bonilla.
Camerino Márquez
puntualizó que la “ley Bonilla” fue un intento de reelección, ya que el proceso
electoral 2018-2019 se realizó con el decreto vigente de la reforma del año
2014, la cual marcó que la gubernatura sería de 2 años, por lo que, la reforma
del 8 de julio de 2019 era inválida, no solo porque ya se había consumado el
proceso electoral el 2 de junio de 2019, sino porque, “prorrogaron un mandato,
sin elección popular”.
Por todo lo anterior,
se estima que la próxima semana estará presentando el PRD nacional la solicitud
de juicio político ante el Congreso de la Unión, a la par de asentar las
respectivas denuncias penales ante la FGR, contra todos los involucrados en la
“ley Bonilla”, lo cual dejará un gran precedente en el país, contra todos los
corruptos que quieran torcer la ley.
Se recordó que el 1 de
junio de 2019 hubo una denuncia pública por soborno o cohecho, por un millón de
dólares a diputados de la XXII Legislatura, por lo que no se puede entender de
ninguna otra forma la aprobación mayoritaria de diputados a un decreto que
evidentemente viola los principios constitucionales de no reelección, y que, de
haber prosperado, habría sembrado el caos jurídico constitucional en todo el país.
Luego, prosiguieron, la
XXIII Legislatura organizó una “encuesta patito” para respaldar el decreto,
después de esconderlo, argumentando que “estaba perdido”, y sacarlo a su
publicación el 17 de octubre de 2019, por lo que también fueron cómplices, y, entregaron
un “bando solemne” por cinco años, que es inválido.
Hay toda una historia
de corruptelas sin parangón en el país, en la que, por tercera ocasión le falla
al “doctor en derecho constitucional” Amador Rodríguez Lozano, especialista en
tratar de torcer la ley y la Constitución a sus caprichos.
En la rueda de prensa
virtual participaron también la secretaria tesorera del PRD Estatal, María del
Refugio Lugo; Armando López, presidente del PRD en Tecate, y otros más.
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