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Hay quejas de que aprovechan la incautación de máquinas tragamonedas para robar
comestibles, dinero de caja, y, para todo esto, desconectando y hasta
llevándose las cámaras de vigilancia del negocio
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Ayer jueves 11 de junio no pudieron cometer sus agresiones, porque se
previnieron abogados y medios
Tijuana,
B.C., a 12 de junio de 2020.- Un grupo como de 50 propietarios de abarrotes
denuncian que los policías estatales de la Fiscalía General de Justicia del
Estado (FGJE) aprovechan los operativos de incautación de máquinas tragamonedas
para hacer atracos a las tiendas.
Además, a varios los
han golpeado y hasta les han sembrado droga, para justificar la “efectividad”
de los operativos policiacos.
El día de ayer jueves
11 de junio por la tarde, intentaron hacer otro operativo, en el que
seguramente habrían cometido otro de sus abusos, pero se previnieron abogados,
un grupo de abarroteros y medios de comunicación, para grabar todo, y, por lo
menos hasta caída la tarde no contaban todavía con la orden de cateo
respectiva.
Las quejas son que,
aprovechando la incautación de máquinas tragamonedas, se ponen a robar
comestibles y dinero de las cajas, para todo lo cual desconectan y hasta se
llevan las cámaras de vigilancia del negocio que, por cierto, clausuran.
El abogado Ricardo
García, que representa a 50 abarroteros, acusó que el pasado 9 de mayo se
publicó los resultados de un aparatoso operativo de incautación de 43 máquinas
tragamonedas y, el consecuente cierre de 3 abarrotes, pero, en menos de 24
horas después, uno de esos establecimientos fue abierto, incluso, con sus
máquinas devueltas.
Esa tienda reabierta
se denomina “Abarrotes San José”, lo cual es sorprendente, pues otras personas
afectadas llevan hasta mes y medio sin que todavía les abran, como es el caso
de la señora María Rojas, a quien le destrozaron su tienda, incluyendo la
puerta de entrada, y, después de los saqueos, le clausuraron, el 30 de abril
pasado.
En el caso de la
señora María Rojas señaló la Fiscalía (FGJE) que había una menor de edad
jugando en las maquinitas tragamonedas, pero resulta que la muchacha, de nombre
Socorro Rojas Lara, no tiene 15 ni 16 años de edad, sino 21 años, cuenta con su
credencial de elector, y es empleada de su tía.
Ricardo García hizo
énfasis en que no están en contra de que se incauten las máquinas tragamonedas,
pero que no clausuren las tiendas, no solo porque no son propietarios de esas
máquinas, sino que las rentan, y, las tiendas de abarrotes son el único
sustento, lo cual agrava su situación económica, en medio de esta pandemia.
En el caso de ayer, el
propietario del abarrote, ubicado por la Calle Sánchez Ayala, entre las
avenidas Miguel F Martínez y Mutualismo, obtuvo el amparo 288/2020-D, para
proteger sus pertenencias y su integridad personal, a sabiendas de los abusos
policiacos que se han cometido en otros casos.
El abogado Ricardo
García observó irregular que los agentes ministeriales ordenaron al abarrotero
que no abriera desde las 12:00 horas del día, “porque la tienda estaba
asegurada”, pese a que nunca mostraron la orden judicial de aseguramiento, y,
la orden de cateo del juez de control, no llegaba ni caída la tarde.
Pese a todo eso,
aproximadamente 7 camionetas con más de 20 policías ministeriales estatales
estuvieron rondando el lugar y turnándose las guardias, así como también el
grupo de abarroteros que se reunieron para respaldar a su compañero, para que
no se cometieran abusos.
En ese contexto,
Ricardo García también hizo la observación del gran movimiento policiaco para
una pequeña tienda, cuando a diario hay ejecuciones y no se ve que se detenga a
los sicarios que cometen esos homicidios.
En el caso del día de
ayer, debido al movimiento de abogados, abarroteros y algunos medios de
comunicación, se impidió lo que, según las quejas, cometen comúnmente:
arremeten con violencia, desconectan o destruyen y hasta se llevan las cámaras
de vigilancia, revuelven toda la tienda, saquean productos y dinero de la caja,
y, si así lo quieren, hasta siembran drogas. Hasta después muestran la orden de
cateo.
Para que un juez
otorgue orden de cateo, debe haber pruebas de delitos, y en muchos casos no los
han tenido, advirtió el abogado Ricardo García, quien concluyó diciendo que ya
pidieron intervención de la Comisión Estatal (y Nacional) de los Derechos
Humanos, y se manifestarán ante la FGJE contra los abusos que se cometen.
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