* Se reunió el candidato del PBC a gobernador con el grupo “Unidos Por Tijuana” A.C.
Libertad,
Tijuana, B.C., Abril 07 del 2021.-En reunión con el grupo
“Unidos Por Tijuana” A.C., el candidato del Partido de Baja California (PBC) a
la gubernatura del estado, Carlos Atilano Peña escuchó cuestionamientos y
peticiones, y destacó que, su prioridad, como mandatario, será restaurar el
estado de derecho.
Como abogado y activista
social que es, subrayó, ha sido el único actor político que ha denunciado las
corrupciones de los actuales gobiernos en la entidad, y, lamenta que,
especialmente el actual gobernador, Jaime Bonilla, se ha “distinguido” por ser
un pernicioso violador de las leyes y la Constitución.
Por lo tanto, indicó, entre
las primeras acciones a emprender como gobierno, estará rescatar al Poder
Judicial, para que sea autónomo e independiente, incluso en lo administrativo,
lo cual implica “restaurar el Consejo de la Judicatura que, la XXIII
Legislatura del Estado desapareció, por instrucciones de Bonilla”.
Asimismo, cumplirá con los
mandatos constitucionales de pasar a los municipios los organismos operadores
del agua, y la facultad de vigilar, regular y sancionar el transporte público,
así como también, respetar otras regulaciones municipales, donde no debe
seguirse entrometiendo el gobernador.
Todo eso incluye regresar a
su lugar las oficinas gubernamentales del estado, y, en cambio, apoyar a la
UABC para que construyan más aulas en la amplia disponibilidad que tienen de
terrenos propios.
“Se supone que la UABC tiene
recursos para construir, ya que Bonilla afirma que le pagaron la millonaria
deuda que tenía el Estado con la máxima casa de estudios; y, además, durante la
pandemia, aparte del nulo o escaso uso de las instalaciones de la Universidad,
porque las clases eran en línea, no rebajaron las cuotas de inscripción ni las
colegiaturas”, comentó.
En todo caso, prosiguió, “se
ha cometido una arbitrariedad de la que no debió ser cómplice el Consejo
Administrativo de la UABC, de la que estoy orgulloso, pero, sus directivos debieron
haber rechazado ese donativo, por todo lo que implica, legal, social y
económicamente”.
“Es un negocio del actual
gobernador estar pagando rentas millonarias a sus amigos, en los otros lugares
donde dispersaron las oficinas gubernamentales, pero, muy injusto obligar a los
ciudadanos a movilizarse hacia tres lugares distantes, con un pésimo servicio
de transporte público, aparte de los costos económicos para las personas que
deben hacer trámites”, abundó.
Carlos Atilano reiteró que,
ante los problemas que padece Baja California con un gobierno que viola las
leyes y la Constitución, lo primero es restaurar el estado de derecho, poner
orden, y realizar una reingeniería administrativa del Poder Ejecutivo del
Estado.
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