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Denunció la Auditoría Superior del Estado delitos presuntamente cometidos por
el ex gobernador y 11 de sus colaboradores
José
Ángel Inzunza Mendoza
Tijuana,
8 de mayo de 2020.- Con una cronología que despierta sospechas, pues,
al parecer, a las 12:15 horas del día se anunció en boletín que catearían la
casa del ex gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, a las 13:00 horas
efectuaron el cateo, pero, no hay informe oficial que indique que hayan
encontrado algo para someterlo a proceso penal.
Hasta ahora, solamente
pesa la versión oficial de que la Auditoría Superior del Estado presentó
denuncias por delitos presuntamente cometidos por el ex mandatario estatal y 11
de sus colaboradores, pero, omiten qué estaban buscando exactamente en el
domicilio cateado.
Según los informes de
la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el momento del operativo no se
encontraban ni el ex gobernador Francisco “Kiko” Vega, ni su esposa Brenda
Ruacho, ex presidenta del Sistema DIF Estatal, que se incluye en la lista de presuntos
implicados.
Trascendió que “Kiko”
Vega y su esposa han estado viviendo en Estados Unidos desde que salieron de
sus cargos, y se quedaron en el domicilio un hijo conocido como Frank, su
prometida y los padres de la prometida del muchacho.
Al parecer, una de las
líneas de investigación de la Fiscalía es la sospecha de que la vivienda
residencial ubicada en la calle Cumbres de Maltrata, de la colonia Cumbres de
Juárez, fue construida con una parte de los 1500 millones de pesos que presumen
desvió para su pecunio el ex gobernador “Kiko” Vega.
Entre otros de los
sospechosos se mencionó a los ex secretarios de Finanzas, Antonio Valladolid
Rodríguez y Bladimiro Hernández.
Los agentes estatales
cerraron las calles adyacentes, en tanto que, representantes de la Fiscalía
realizaron el operativo; todos los elementos exhibieron cubre-bocas, como parte
de las acciones de protección con motivo de la pandemia por Covid 19.
Sin embargo, fuera de
todo lo anteriormente informado, no revelaron que tuvieran algún hallazgo
importante que les permita fincar responsabilidades.
Para politólogos,
dirigentes de diversos partidos, columnistas, y analistas de diversas fuentes,
el operativo ha sido solamente una “patada de ahogado” del gobierno que
encabeza Jaime Bonilla Valdez, ante el inminente fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), acerca de la famosa “Ley Bonilla”.
Por otra parte, se
observa que, quien debe tener todos los elementos de juicio para presumir
peculado, corrupción y lo que resulte, es la instancia de Auditoría, y, si
tienen la certeza de ello, habrían aportado los elementos para que el juez liberara
órdenes de aprehensión.
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