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Atentan en contra de la certidumbre jurídica y rompen la armonía que debe
prevalecer para la convivencia social
Libertad,
Ensenada, B.C., Mayo 19 del 2020.-Diversos actos que atentan en
contra de la legalidad y la certidumbre jurídica cometidos por gobernantes y
políticos fueron condenados por el Centro Empresarial de Ensenada (CEE) de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En un pronunciamiento
realizado por Martín Muñoz Barba, presidente de ese organismo en el municipio
de Ensenada, criticó severamente el intento de la legislatura anterior de
ampliar de 2 a 5 años el periodo de gobierno de la actual administración.
Manifestó que afortunadamente
la Suprema Corte de Justicia de la Nación impidió la intentona de los
legisladores, pero ello no los exculpa de legislar motivados por intereses
políticos, de partido, de grupos y en el peor de los casos, por interés
económico.
Fueron los 21 diputados de la
legislatura anterior, entre ellos los ensenadenses Alejandro Arregui Ibarra,
Roció López Gorozave y Claudia Josefina Agatón Muñiz, además del ex alcalde
Marco Antonio Novelo, síndico y regidores, los culpables de aprobar ilegalmente
la llamada “Ley Bonilla”, a espaldas de la sociedad, acusó Muñoz Barba.
Independiente de su clara
improcedencia, existen actos presuntamente violatorios de la Ley, lo que
amerita una investigación para deslindar responsabilidades y aplicar las
sanciones a que haya lugar, tomando en cuenta los señalamientos hechos por los
ministros de la corte en torno al abuso en la aprobación de la frustrada
modificación a modo.
COPARMEX VS REELECCIÓN SIN
RENUNCIA
Por otra parte, el presidente
del CEE de la Coparmex, calificó de abusiva la pretención de los diputados locales
de seguir los pasos de los federales del Partido Morena y sus aliados, de
modificar la Constitución para buscar la reelección sin tener que renunciar a
su escaño.
Lo anterior significa un claro
abuso de poder ya que de esa forma los actuales legisladores podrían hacer
campaña con los recursos públicos disfrazados de prerrogativas salariales y
recursos para apoyo social que no tendrán el resto de los candidatos postulados
por los partidos, advirtió.
Es claro, dijo Muñoz Barba, que,
sin distingo de partidos en el ejercicio del poder, los diputados y
funcionarios que los representan, tienden a operar a su favor de sus intereses
personales o de camarillas, y hacen a un lado el interés y bien común de la
sociedad a la que se deben y que paga sus salarios.
La actitud de los políticos en
el poder, apuntó, atentan en contra de la certidumbre jurídica y la legalidad
necesaria para garantizar la armonía en la convivencia social tan importante
para que haya democracia, igualdad y equidad, requisitos fundamentales para el
desarrollo social.
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