Libertad, Ensenada, B.C., Mayo 31 del
2020.-Alrededor de 10 mil
empleos del sector restaurantero se podrían perder en Ensenada debido al pago
de la Licencia Sanitaria aprobada por el Congreso del Estado sin tomar en
cuenta que la mayoría de los negocios afectados -incluidos los restaurantes- son
micro y pequeñas empresas.
Iván Nolasco Cruz, presidente
de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) dijo que la
industria gastronómica se suma a la inconformidad de otros sectores como el hotelero,
funerarias, peluquerías, estéticas y transportistas, bares, entre otros, por
los efectos nocivos que el nuevo derecho impuesto por los diputados locales.
De por sí, debido a la crisis
generada por el Covid-19, el 35% de alrededor de mil 200 restaurantes de la
ciudad y el Valle de Guadalupe ya no abrirán, con esta medida altamente
perniciosa y se podrían perder otros tantos centros de trabajo, señaló el
dirigente.
Nolasco Cruz lamentó que los
legisladores –supuestos representantes de la ciudadanía- no tomaron en cuenta
que los restauranteros representan el 70% de los empleos que genera el sector servicios
y que hoy más que nunca, requieren del apoyo del gobierno, no de medidas
regresivas que les impactarán negativamente.
En ese sentido, apuntó, se
buscará el apoyo del gobernador Jaime Bonilla Valdez para evitar que interceda
ante los diputados de Morena y se evite este golpe demoledor a la economía de
las micros y pequeñas empresas que conforman la mayoría de las que pudieran ser
afectadas.
PROMOVERÁN AMPARO
Ante la aprobación del Decreto
68, por parte de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, con lo cual
cada negocio pagaría alrededor de 20 mil pesos, según datos extraoficiales, la Canirac
estatal en conjunto con otros organismos y sectores involucrados interpondrán
un amparo colectivo en contra de que se concrete el nuevo cobro, advirtió el
presidente de Canirac.
Subrayó que al ser ya un
derecho aprobado por los diputados y no haber consensado o consultado previamente
a los sectores involucrados, como lo establece la Ley de Cámaras en su Artículo
Cuarto, se tomarán todas las acciones legales necesarias para combatir ese
exceso legislativo.
Dijo que los restauranteros
recibieron con asombro las manifestaciones de la diputada Montserrat Caballero,
presidente de la Comisión de Salud en el Congreso, en el sentido de que ella no
iba a estar pidiendo permiso a los empresarios, sin embargo “no se manda sola”,
se debe a la sociedad.
Se trata de una sobre regulación
a todas luces recaudatoria e inconstitucionalidad, ya que los restauranteros ya
son supervisados y regulados por la Cofepris y sujeto al cumplimiento de Normas
Oficiales Mexicanas, además de cumplir con una serie de regulaciones
municipales para poder operar, aseveró Nolasco Cruz.
Criticó durante a los
legisladores porque en plena pandemia por el Coronavirus cuando los
restaurantes y demás giros comerciales luchan por sobrevivir, es inadmisible
que se creen nuevos impuestos y derechos en lugar de crear incentivos para
facilitar su recuperación y el sostenimiento de los empleos.
El presidente de la Canirac
hizo un llamado a todos los giros comerciales involucrados para que se acerquen
a sus cámaras empresariales para que se les informe de los requisitos para
sumarse al amparo colectivo que será gratuito y que se busca interponer a la
mayor brevedad posible.
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