Libertad, Mexicali, B.C., Enero 05 del
2020.-El trasladar el costo
político del desgaste que ha significado la ley Bonilla, es el último recurso
de los que tomaron por asalto el gobierno de Baja California, aseveró Jaime
Cleofas Martínez Veloz, comisionado nacional para la frontera norte del Partido
de la Revolución Democrática.
Agregó
que la posibilidad a la que aspira el gobierno de Bonilla, es que los ministros
de la corte nombrados en los últimos meses y cercanos al presidente López
Obrador, voten en contra del dictamen elaborado por el ministro ponente, donde
se establece que la ley Bonilla es anticonstitucional.
Destacó
que en el hipotético caso de que esto llegara a suceder, implicaría que los
costos políticos del desaseo bonillista se trasladarían al propio presidente de
la República que abriría un frente que no tiene y no debe tener.
Las
implicaciones de una acción de esta naturaleza significarían una ruptura al
pacto federal, una ruptura a la división de poderes y sobre todo un desacato de
dimensiones inconmensurables al acuerdo que permitió la estabilidad de la
República después de la Revolución de 1910, contenido en el lema “Sufragio
Efectivo, No Reelección”, finalizó.
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