** “No se trata de que se elimine el delito de tortura en el Estado, sino que se juzgue ante la autoridad competente”, afirmó el diputado Gerardo López Montes
Mexicali, 1 de julio 2020.)- Acatando el ordenamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el pasado 23 de abril del 2020, resolviendo a favor la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), bajo el expediente 57/2018, demandando la invalidez del artículo 293 fracción X del Código Penal para el Estado de Baja California, que incluye el delito de tortura.
El legislador de la
fracción parlamentaria de la Revolución Democrática, Gerardo López Montes, hace
un llamado desde su escaño para que el Estado de Baja California retire de su
catálogo de delitos diversos artículos donde se incluyeron dentro del tipo
penal de abuso de autoridad, aspectos relacionados con el delito de la tortura
por ser de carácter federal y no estatal.
Ante las reacciones
negativas que generó la iniciativa en los medios de comunicación, el diputado
López Montes, aclaró que el 8 de junio de 2018 se publicó en Periódico Oficial
del Estado (POE) la reforma al Código Penal para el Estado de Baja California,
en el decreto número 242, donde se incluyó la tortura.
Sin embargo, la CNDH
promovió una acción de inconstitucionalidad con expediente 57/2018, demandando
la invalidez del artículo 293 fracción x del Código Penal para el Estado de
Baja California.
Lo anterior dio como
resultado que la SCJN resolviera el día 23 de abril de 2020, procedente y
fundada la acción de inconstitucionalidad, por lo que declaró la invalidez del
mencionado artículo.
En consecuencia, se
menciona que los artículos 289 BIS, 307 BIS Y 307 TER del mencionado Código,
surtirá sus efectos retroactivos a partir de la notificación de la sentencia al
Congreso del Estado de Baja California, que fue el 3 de junio del 2020.
Gera López, mencionó
que la derogación se tuvo que legislar desde el día siguiente de la
notificación, por lo que es de extrañarse como si pudieron publicar la reforma
de la reelección sin dejar el cargo de un día al otro, y esa otra reforma tiene
casi un mes, generando con ello, un estado de desacato y de incertidumbre hacia
los actos de autoridad.
“La intención es evitar
que en estos momentos a una persona se le siga un procedimiento y después no
obtenga una justicia correcta porque el delito fue eliminado del catálogo en
Baja California”, afirmó el diputado Gerardo López Montes.
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