• Con base a una revisión al Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (Promun) en lo que va de la presente administración se detectó la falta de algunos depósitos a bancos
•
Tesorería Municipal turnó a la Sindicatura Procuradora y a la Consejería
Jurídica el hallazgo para los efectos legales que se desprendan
Tijuana, Baja California, 14 de septiembre de 2020.- El XXIII Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Dirección de Fiscalización de la Tesorería Municipal y en seguimiento de la ordenanza del presidente municipal Arturo González de ser un gobierno transparente realizó una revisión administrativa al Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (Promun) donde se detectó una ausencia de depósitos a bancos por 3 millones 647 mil 140.12 pesos.
“Revisamos el padrón de
deudores, corte diario de importes totales en el sistema SAARI, relación y
desglose de caja general, copia de los estados de cuenta bancaria,
conciliaciones bancarias con respaldos y la última acta de entrega y
recepción”, indicó Víctor Manuel Cerda Romero, Tesorero del XXIII Ayuntamiento
de la ciudad.
Recalcó que el
presidente municipal, Arturo González Cruz es fiel a su compromiso de
trasparentar las acciones del gobierno y de tener CERO TOLERANCIA a quienes
vulneren el patrimonio público por lo que ya se analizan las acciones
correspondientes para fincar responsabilidades jurídicas y administrativas.
El titular de las
finanzas municipales subrayó que el corte de caja proporcionado por la
dependencia indicaba un recurso total de 6 millones, 293 mil 427.22 pesos y al
contrastar con recurso ingresado a los bancos no se localizó recurso público
por 3 millones 647 mil 140.12 pesos, derivado de la falta de algunos cortes de
caja entres el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2019 y del 1 de enero al 22 de
agosto de 2020.
La notificación de
revisión se hizo al encargado de despacho de la dependencia, Adrián Camacho
Valencia el pasado 9 de septiembre, la diligencia se llevó a efecto el 10 de
septiembre y este lunes 14 de septiembre se hizo del conocimiento de las
autoridades competentes como la Sindicatura Procuradora, la Secretaría de
Gobierno, la Consejería Jurídica del Ayuntamiento, la Secretaría de Desarrollo
Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA) para los efectos legales que ser
desprendan.
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