Libertad, Ensenada, B.C. Febrero 05 del 2021.-Las expresiones del gobernador Jaime Bonilla Valdez en el sentido de expropiar el Club Campestre de Tijuana, propiedad de una asociación civil, representa un riesgo para la seguridad jurídica de la propiedad privada de cualquier persona física o moral.
Así
lo consideró Martín Muñoz Barba, presidente del Centro Empresarial de Ensenada
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ya que esas
intenciones generan un clima adverso para la inversión y vulneran el marco
legal.
Lo
es más aún, cuando estas acciones se perciben como resultado de presiones
políticas del gobernador en contra de otro gobernante en el que nada tiene que
ver un centro de recreación, que es propiedad de la ciudad de Tijuana a través
de la asociación civil que la auspicia.
“Estamos
convencidos de la improcedencia de esta acción”, pero el solo plantearlo denota
el riesgo y peligro latente que pende sobre la propiedad privada en estado,
porque en cualquier momento algún ciudadano que no comparta las ideas del
gobernador, puede ser víctima de presiones sobre sus bienes, apuntó el
presidente de la Coparmex.
“Nos
oponemos a que se envíen señales equivocadas que impacten negativamente la
atracción de inversión privada a Baja California y que alteran el marco legal
en tiempos en los que las condiciones económicas -y en cualquier otro momento-
exigen prudencia y cuidado con el Orden Constitucional”, señaló el dirigente.
“Esperamos
–subrayó- que la máxima autoridad del estado rectifique esta pretendida acción
y deje de lado perturbar la tranquilidad de Baja California, por diferencias
políticas con otras personas o entidades.”
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