Libertad,
Ensenada, B.C., Abril 23 del 2021.-La problemática de la pesca
furtiva, la necesidad del reordenamiento de esa actividad y la burocratización
en la expedición de permisos para la explotación de las pesquerías en las
costas de Baja California, fueron planteados ante la subsecretaría de pesca del
estado Celina Domínguez García.
Durante una reunión con el
Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada encabezado por Orlando Fabiel López
Acosta, la funcionaria reconoció que, en efecto, uno de los mayores problemas
que enfrenta la dependencia es la incapacidad legal y material para inspeccionar
mil 565 kilómetros de litorales con que cuenta Baja California en el pacífico y
el golfo.
Explicó que antes se hacía
con el apoyo de los propios pescadores que operan de manera regular porque la
dependencia no tiene inspectores, embarcaciones ni recursos para llevar a cabo
esa función que le corresponde a la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), y a
partir del 7 de junio próximo pasarán a la Secretaría de Marina (Semar), que
asumirá esas facultades.
En ese tema, añadió que la
problemática de la pesca furtiva se ha complicado ya que antes era solo eso,
pero ahora se agrava con la incursión de la delincuencia organizada que
mantiene atemorizados a los pescadores y comunidades rivereñas, que ya no
quieren colaborar con las autoridades a controlar “la piratería”, debido a las
amenazas que se ciernen en contra de ellos y sus familias.
En el encuentro el
presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícola,
Alfonso Rosiñol De Vecchi, planteó la lentitud en la entrega de resultados de
laboratorio de las muestras de moluscos bivalvos, que retrasan la apertura de
áreas de pesca cerrada por vedas sanitarias, con lo cual se alargan los
periodos de inactividad para los pescadores que dependen de ella, ya que
anteriormente demoraban 24 horas y actualmente son 9 días
Sobre la situación,
Domínguez García aclaró, que no es competencia de la dependencia, pero si es de
su incumbencia, y por ello se ha estado trabajando para tratar de resolverlo
por la importancia que tiene para la comercialización de las especies.
Por otra parte, cuestionada
sobre la descentralización de las concesiones de pesca, Domínguez García dijo que
desde el inicio de esta administración se han venido haciendo gestiones ante la
Conapesca para que la expedición de permisos para algunas especies se pueda dar
en la entidad, para lo cual espera que la próxima administración continúe el
proceso y lo pueda finalizar
Relativo a la pesca furtiva,
la subsecretaría de pesca de Baja California adelantó que ya se han hecho
acercamiento con las autoridades de la Semar para hacerle llegar carpetas
informativas sobre las vedas y proporcionarle información que les pueda ser de
utilidad para capacitar a su personal para algunas labores de inspección, como
las características de las especies.
Explicó la complejidad del
sector pesquero y su problemática, ya que cada zona tiene sus propias
características y no pueden ser atendidas con la misma estrategia.
La funcionaria reconoció que
hay buenas expectativas de que las funciones de inspección pasen a la Semar, ya
que en las costas de Baja California hay especies de un alto valor comercial
que vale la pena proteger.
Por otra parte, indicó que
la dependencia a su cargo está buscando la manera de reactivar el mercado para
la producción pesquera, ya que la situación en algunos casos es dramática al
grado de que algunos productores que se han visto en la necesidad de cerrar durante
la pandemia.
Durante el encuentro los
dirigentes del sector pesquero integrado en el CCEE, plantearon a la
funcionaria la necesidad de que se trabaje en todos los temas que tienen
relación con la reactivación de todo el sector y se resuelvan aspectos como la
lentitud en la expedición de los permisos.
Así como también solicitaron
que la Secretaría de Economía y a la subsecretaría de Pesca que apoyen a las
empresas pesqueras antes las autoridades municipales, ya que el actuar del
gobierno ha sido un impedimento para la reactivación económica, pone en riesgo
los empleos y ahuyenta futuras inversiones al no tener certeza jurídica de
instalarse en nuestro municipio
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