* Es necesario que el Congreso asuma su responsabilidad en términos de asignación de recursos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones establecidas. No se trata solo de tener una ley en papel, sino de brindar los recursos necesarios
* Así como se decretó
una saturación de transporte público en el bulevar Díaz Ordaz- Agua Caliente,
también puede decretarse en ese mismo concepto en esa analogía para la creación
de rutas de bajas o cero emisiones
Libertad, Tijuana, B.C., Mayo
22 del 2023.-Con las reformas hechas a la Ley de Movilidad
Sustentable y Transporte del estado de Baja California, se ha definido con
mayor claridad la responsabilidad que le corresponde en la materia a los
gobiernos federal, estatal y municipal, mismas que armonizan la legislación de
la entidad con la que se rige el resto del país.
Al respecto, el director del
Centro de Innovación y Gestión Ambiental A.C. (CIGA), José Carmelo Zavala
Álvarez, señaló que una de las modificaciones más relevantes se encuentra en el
artículo 5 de la ley, incluye la consideración de un ambiente sano en la
movilidad sustentable. Esta adición es de suma importancia, ya que reconoce la
necesidad de preservar un ambiente saludable en el desarrollo de las
actividades de transporte.
Asimismo, en el artículo 7 se
establece una definición de transporte público sustentable en Baja California,
que incluye la característica de inocuidad ambiental, entre otras, en tanto el
artículo 8 de la ley otorga competencia de vigilancia a las policías
municipales y estatales, así como a los inspectores de movilidad.
“Una de las cosas que en el
anterior programa de verificación vehicular no se pudo hacer, era la inspección
y vigilancia desde los municipios por los gobiernos locales y entonces eso daba
como papel muerto” comentó el ingeniero bioquímico quien además puntualizó que
la Norma Oficial Mexicana 044 se ve fortalecida con las herramientas que ahora
están disponibles para garantizar su cumplimiento.
En relación a estas reformas,
es necesario mencionar la importancia de contar con verificentros que cumplan
con las regulaciones establecidas y contribuyan a la generación de espacios
sanos. Estos son responsabilidad del gobierno estatal en primera instancia, por
lo que recae en él la responsabilidad de garantizar que operen de manera
efectiva y cumplan con los estándares de calidad.
Esto implica considerar la
implementación de rutas de bajas emisiones, así como la promoción del uso de
combustibles más limpios, como el gas natural y posteriormente la electricidad,
en lugar de los combustibles más contaminantes como la gasolina o el diésel.
“Así como se decretó una
saturación de transporte público en el bulevar Díaz Ordaz- Agua Caliente,
también puede decretarse en ese mismo concepto en esa analogía para la creación
de rutas de bajas o cero emisiones, para su implementación en zonas donde están
más intensas y eso significa el uso de transporte que funcione con combustibles
más limpios”.
Zavala Álvarez consideró que
es fundamental que el gobierno de Baja California reflexione sobre propuestas
de financiamiento, como la ofrecida por el Banco de Desarrollo de América del
Norte (NADBank), que promuevan el uso de combustibles más limpios en lugar de
retroceder en términos de sustentabilidad.
El director del CIGA reiteró
que las modificaciones en los artículos 5, 7, 8 y 81 de la Ley Estatal de
Movilidad Sustentable en Baja California reiteran y fortalecen las competencias
y responsabilidades del gobierno estatal en la implementación de acciones
concretas para garantizar un ambiente sano y la salud pública.
Dentro de estas acciones
mencionó la importancia de que el programa de verificación vehicular sea no
recaudatorio y que destine los ingresos generados a mejorar la calidad del aire
y la situación ambiental en general, así como lo crucial que es asignar
presupuesto y recursos para la implementación efectiva de la ley, garantizando
así el cumplimiento de las regulaciones y la protección del medio ambiente.
Agregó que, si bien estas
reformas son un paso importante en el camino hacia una movilidad sustentable y
la protección del medio ambiente en Baja California, es fundamental reconocer
el papel del Congreso en este proceso y que no basta con tener una legislación
actualizada ya que también se requiere asignar un presupuesto adecuado que
respalde la implementación y aplicación efectiva de la ley.
“Es necesario que el Congreso
asuma su responsabilidad en términos de asignación de recursos para garantizar
el cumplimiento de las regulaciones establecidas. No se trata solo de tener una
ley en papel, sino de brindar los recursos necesarios para llevar a cabo las
acciones concretas que promuevan la movilidad sustentable y mejoren la calidad
del aire en el estado”, destacó el integrante del grupo LEAD por el Colegio de
México.
Finalmente, puntualizó que la
Ley Estatal de Movilidad Sustentable tiene el potencial de generar un impacto
significativo en la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos. Sin embargo, para lograr resultados tangibles, es
fundamental que se asignen los recursos adecuados y se implementen políticas
concretas que promuevan una movilidad sustentable en el estado.
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