* Se han iniciado 314 procedimientos de responsabilidad administrativa y se han puesto en marcha 129 sanciones impuestas, entre las cuales destacan nueve suspensiones y 12 inhabilitaciones
* Asimismo, se avanza con las
denuncias pendientes ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General
de la República
Libertad, Mexicali, B. C., Mayo
31 del 2023.-El gobierno de Baja California avanza en la
investigación y sanción por casos de corrupción con la encomienda de mantener a
la honestidad como una piedra angular del servicio público, por lo que se han
presentado al menos 20 denuncias penales tanto en la Fiscalía General del
Estado como en la Fiscalía General de la República por irregularidades en la
compra de medicamentos con sobre precio así como en la adquisición de lavamanos
y uniformes, sucedidas en la administración estatal transcurrida entre 2019 y
2021.
Durante la octogésima edición
del “Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar”, la secretaria de la
Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, y el consejero jurídico
de Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, informaron que actualmente están
siendo investigados funcionarios de la pasada administración, destacando los
casos de Alonso Óscar “N”, Carlos “N”, Miguel Ángel “N”, Gerardo Abdiel “N” y
Mikel Roberto “N” que desempeñaban funciones en el área de la salud. Contra
ellos pesan por lo menos ocho denuncias por diversas conductas criminales.
En el caso particular de
Alonso Óscar “N”, el funcionario estatal dio cuenta de que está siendo
investigado en lo particular por peculado, ejercicio ilícito del servicio
público, así como uso ilícito de atribuciones y facultades, figurando como
responsable de ocho adjudicaciones directas que presentaron graves fallas.
No obstante, Pon Méndez agregó
que las investigaciones administrativas continúan, por lo que no se descarta
que los organismos encargados de la procuración de justicia den como resultado
la responsabilidad de más personas involucradas en actos de corrupción, y
aseguró que se informará puntualmente a la sociedad de dichas determinaciones,
mismas que serán remitidas además ante el Poder Judicial del Estado.
En ese sentido, la gobernadora
Marina del Pilar destacó que en lucha contra la corrupción y la dignificación
del servicio público ha sido fundamental el trabajo que ha realizado la
Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ya que su titular, Rosina del
Villar, se dio a la tarea de definir un plan de trabajo, poner orden jurídico y
administrativo, entablar estrategias de defensa, fiscalización y auditoría, así
como otras actividades para encauzar, por primera vez en la historia del
Estado, un auténtico combate a la corrupción en Baja California.
“Cuando asumimos la
administración, nos encontramos graves fallas en la operación de la Secretaría
de la Honestidad y Función Pública, que no tenía dirección, ni un plan de
trabajo, no había una estrategia jurídica ni tampoco un sistema de integración
de expedientes. Tampoco se evaluaban los resultados ni se realizaban
auditorías.”, abundó.
Resultado de las acciones
implementadas, se han ejecutado 42 auditorías a dependencias con 326
observaciones, de las cuales 77 han sido solventadas, 46 han sido aclaradas,
152 no solventadas, 46 turnadas a investigación y cinco en proceso de turnar a
investigación. También hay 12 mil 604 expedientes de investigación activos, de
los cuales cuatro mil 612 corresponden a asuntos de situación patrimonial.
Se han atendido dos mil 631
asuntos abiertos en atención ciudadana y se han instalado 232 comités de
contraloría social, para lo cual se cuenta con un convenio con la Secretaría de
la Función Pública del Gobierno de México. Se da cuenta también de 314
procedimientos de responsabilidad administrativa y se han puesto en marcha 129
sanciones impuestas, entre las cuales destacan nueve suspensiones y 12
inhabilitaciones. A esto se suman 32 expedientes que han sido turnados al
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que sea el Poder Judicial el
que determine las sanciones.
La secretaria Rosina del
Villar agregó que la dependencia a su cargo impulsa la participación de la
ciudadanía en estas acciones, a través de las contralorías sociales, donde no
solamente son testigos de la atención a las denuncias que se han presentado,
sino que además han tenido la oportunidad de denunciar las irregularidades que
se han registrado en las obras y en los programas sociales.
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