* La finalidad de contar con el RVOE, es brindar seguridad y confianza a los usuarios de servicios educativos privados
* En México proliferan
instituciones educativas fraudulentas, sin calidad en la educación, ni validez
en sus programas de estudios
Libertad, Mexicali, B. C.,
Junio 02 del 2023.-El legislador del partido Fuerza por México,
Miguel Peña Chávez, propone agregar al delito de fraude a los prestadores de
servicios educativos que no cuenten con validez oficial, para lo cual presentó
iniciativa de reforma al artículo 219 del Código Penal del Estado de Baja
California.
El inicialista mencionó en su
exposición de motivos, que las llamadas escuelas “patito” viven un boom en
México, cada año se revocan en promedio 1,180 programas de licenciatura, pero
aparecen 2,000 más que generalmente son planes con escasa calidad académica.
Cuando se intentaba resolver
interrogantes sobre las ventajas y desventajas de la educación pública con
respecto a la privada y cómo generar un modelo educativo de calidad, se
presentan en nuestro país muchas instituciones educativas fraudulentas, sin
calidad en la educación, la validez en sus programas de estudios, los registros
y permisos correspondientes para poder brindar el servicio educativo.
El Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios (REVOE) se otorga a nivel federal por la Secretaría de
Educación Pública, a toda institución mexicana o extranjera que cumpla con los
requisitos. Mientras que las Secretarías de Educación de cada estado también
otorgan este reconocimiento a determinados programas en el ámbito de sus
competencias.
La finalidad de conceder el
RVOE, es brindar seguridad y confianza a los usuarios de servicios educativos
privados, de que los programas ofertados en estas instituciones cumplen con los
requisitos establecidos por las disposiciones legales, manteniéndose bajo la
supervisión de una autoridad educativa.
“Sammy” Peña, refirió que en
Baja California recientemente se dio un caso en particular que afecto alrededor
de 400 alumnos del Centro de Asesorías Técnicas, en donde los estudiantes
exigen la devolución de su dinero debido a que la escuela no cuenta con los
permisos correspondientes, por lo que los certificados que expidieron no
cuentan con validez oficial.
“Ante estas afectaciones, y
con el ánimo de que no vuelvan a ocurrir, es que propongo ante esta legislatura
la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado”, manifestó el diputado.
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