* La gobernadora sostuvo una reunión de trabajo con el ombudsperson bajacaliforniano, a fin de articular acciones conjuntas para continuar con la consolidación de los derechos humanos en la entidad
Libertad, Mexicali, B.C.,
Diciembre 11 del 2023.-Para refrendar el compromiso de la
administración estatal con promover e impulsar los derechos humanos en las
políticas públicas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila
Olmeda, sostuvo una reunión de trabajo con Jorge Álvaro Ochoa Garduño,
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California
(CEDHBC), con quien abordó aspectos torales para el presente y el futuro de los
derechos humanos de la entidad.
La mandataria destacó el
trabajo realizado en materia de derechos humanos, especialmente la reciente
publicación en el Periódico Oficial del Estado del Programa Estatal de Derechos
Humanos de Baja California 2022-2027, en el que se articulan acciones interinstitucionales
para salvaguardar la dignidad de todas las personas desde la función pública.
La titular del Poder Ejecutivo
del Estado destacó el trabajo que se realiza desde la Secretaría General de
Gobierno del Estado (SGG), que encabeza Alfredo Álvarez Cárdenas, para
privilegiar la necesidad de gobernar con un enfoque derechohumanista en favor
de todas y de todos, especialmente de grupos de atención prioritaria que fueron
ignorados por décadas.
Por su parte, el ombudsperson
de Baja California reconoció la iniciativa de la gobernadora Marina del Pilar
para establecer pautas con perspectiva de derechos humanos en el diseño e
implementación de políticas públicas, así como la apertura para atender pendientes
históricos y estructurales en la materia.
En ese sentido, celebró el
acercamiento de distintas áreas del Gobierno del Estado hacia el Organismo,
tanto para el seguimiento a Quejas y Recomendaciones, como para la construcción
de programas principalmente orientados a la atención de grupos que requieren
atención prioritaria.
Además, reconoció la publicación del Programa Estatal y consideró que se trata de un instrumento que marca la pauta del trabajo conjunto entre el organismo y las autoridades para desarrollar condiciones en que ninguna persona vea violentados sus derechos, y se garantice un entorno de dignidad en el estado.
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