* Establecen nuevos principios que rigen la aplicación de la Ley
* Diputada Rocío Adame,
inicialista
Libertad, Mexicali, B.C.,
Enero 12 del 2024.-Con el objetivo de incorporar los principios de
disciplina y rendición de cuentas, en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
(SEA), las y los diputados aprobaron por unanimidad, la iniciativa propuesta
por la diputada de MORENA, Rocío Adame Muñoz.
Para motivar su pretensión la
congresista argumentó la necesidad de reforzar y mejorar la labor gubernamental
de los servidores públicos involucrados para el cumplimiento de los objetivos
para los cuales fue creado él SEA.
Añadió que la Carta Magna en
su artículo 133, dispone que las entidades federativas establecerán sistemas
locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas
y hechos de corrupción.
De acuerdo con el artículo 5
de la Ley del SEA, los entes públicos tienen la obligación de establecer y
mantener condiciones que permitan el buen funcionamiento del Estado, así como
la ética y responsabilidad en cada uno de los servidores públicos.
“En razón de lo anterior
consideramos necesario agregar a la normatividad estatal dos principios
esenciales en materia de combate a la corrupción, siendo estos el de disciplina
y el de rendición de cuentas”, dijo Adame Muñoz.
Explicó que el concepto de
disciplina en el servicio público se refiere a que los servidores públicos
cumplan con sus deberes y obligaciones, y desempeñen su trabajo de manera
ordenada, metódica y perseverante, con el objetivo de obtener los mejores resultados
en el servicio que se ofrece al público.
Mientras que la rendición de
cuentas implica que los servidores públicos asumen la responsabilidad frente a
la sociedad y a las autoridades. Esta noción se deriva del ejercicio de sus
funciones y se manifiesta en la información, explicación y justificación de sus
decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la
evaluación y al escrutinio de la ciudadanía.
Rocío Adame agregó, que estos
principios guardan estrecha relación con el mandato de la Constitución de Baja
California, en relación a que toda persona servidora pública, de cualquier
naturaleza en la Administración Pública, Estatal o Municipal, es responsable de
sus actos u omisiones en lo que incurra en el desempeño de sus respectivas
funciones.
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